El funcionario continuará su proceso judicial en libertad tras ser vinculado a proceso
Culiacán, Sinaloa.- Luis Alberto “P.”, coordinador de análisis táctico de la Unidad de Medidas de Investigación Preventiva (UMIP) y adscrito a la Dirección de Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedó en libertad este sábado después de una semana de reclusión. Acusado de tránsito de vehículo robado agravado y cohecho, el agente logró su salida tras pagar más de 1.5 millones de pesos como reparación del daño a la aseguradora afectada.
En la audiencia realizada esta mañana, el juzgador vinculó a proceso al agente por el primer delito, pero permitió que enfrente el juicio en libertad, gracias a una salida alterna promovida por su defensa. En cuanto al delito de cohecho, se dictó una suspensión condicional del proceso por seis meses, durante los cuales Luis Alberto deberá firmar semanalmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Los hechos
El caso inició el domingo 10 de noviembre, cuando Luis Alberto fue detenido en el sector Centro de Culiacán tras una persecución que comenzó en vehículo y culminó a pie. Según el informe presentado por agentes del Ministerio Público, fue un teniente de las Fuerzas Especiales de la Sedena quien reportó la presencia de una Jeep Mojave gris, sin placas, estacionada cerca de su convoy en el bulevar Paseo Niños Héroes.
El vehículo, que había sido reportado como robado, pertenecía a la esposa del hermano del funcionario, aunque ya había sido indemnizado por la aseguradora. Durante la detención, Luis Alberto habría ofrecido dinero a los militares y solicitado trato especial, argumentando su posición como elemento activo de la FGE. Sin embargo, los agentes rechazaron ambas peticiones, asegurándolo en el acto.
Salida del penal
Luis Alberto fue trasladado al penal de Aguaruto, donde permaneció recluido por una semana. Este sábado, salió por la puerta principal de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral, Zona Centro, tras el fallo que permitió su liberación.
El caso ha generado controversia, cuestionando el uso de “salidas alternas” en procesos judiciales relacionados con servidores públicos.
