La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son las máximas instancias nacionales a la que cualquier mexicano podría acudir para reclamar que se está cometiendo un atropello en su contra. No existe en nuestro país nada más allá de ellos y sus decisiones, en definitiva, son inapelables porque en sus adentros se determinan las interpretaciones más rigurosas a la Constitución.
La SCJN tiene 11 ministros, mientras que el TEPJF por 7 magistrados. Cuando un tema llega hasta ellos, a un integrante le corresponde realizar un proyecto en el que avala o desecha los agravios contra quien sea que promueva el juicio. De tal manera que ese proyecto a favor o en contra se le da lectura a todos los demás ministros o magistrados para que todos los demás voten a favor o en contra.
Cuando cualquiera de estas dos cortes determinan cualquier cosa, es el resultado de una votación en la que una mayoría gana con alguna postura. Una vez tomada la decisión, es tan relevante que se convierte en una orden a la que nadie, ni el Presidente de la República, Congreso Federal o Estatal, Gobernador, Alcalde, empresa, organización privada o ciudadano puede ignorar.
Ese breve resumen le da certidumbre a los ciudadanos para saber que siempre habrá quién de manera profesional, seria, inequívoca defienda sus derechos ante las injusticias.
Sin embargo, en recientes fechas han existido temas en las cuáles las dos indispensables instituciones del Estado Mexicano toman decisiones que, me atrevería a decir, están sometiendo su independencia ante el Poder Ejecutivo. No quiero decir que estén siendo sobornados para alguna determinación.
Estoy sosteniendo que, ante las evidencias que el Gobierno Federal se carga con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y hasta la Fiscalía (cual goza también de “independencia) contra cualquier voz que no se sume a su proyecto. Hace tan solo un año atrás teníamos a Medina Mora, ministro cercano al Presidente Calderón al que se rumoraba tenían todo un expediente de movimientos en su contra. Renunció y nada sucedió en su contra. Al ver las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Han sido varias señales las que han mandado de intimidación ante una eventual cargada contra ministras y magistrados, pero las más claras han sido el aval de la Suprema Corte a la Consulta promovida por el Gobierno Federal. La votación quedó 6 contra 5 que negaba la Consulta por ver claramente que era Inconstitucional, posición a la que se sumaron ex ministros como Diego Valadés y Ramón Cossío, así como la Barra Mexicana de Abogados y decenas de personalidades y juristas más.
Sin embargo, en este punto la Corte decidió doblegarse a la presión del Presidente y para “arreglarla”, le hicieron el trabajo al Gobierno Federal y redactaron una pregunta general, sin ninguna implicación real, que ya no cumple el objetivo inicial y que, por supuesto, pregunta a los ciudadanos si debemos aplicar la Ley o no. Que un ciudadano, incluso hasta un gobernante podría dudarlo desde el dilema ético que representa, se entiende e incluso justificarse, pero un juez constitucionalista suena a un sinsentido.
Aún más reciente, la venia con la que el Tribunal Electoral le negó el registro a México Libre, aún estando dentro del margen aceptable. No se midió con la misma vara a los partidos opositores, con escasos minutos de diferencia entre una decisión y la otra. Lo anterior fue avalado en una votación cerrada 4 contra 3.
Esto no significa que ambas instituciones estén ya en ciego apoyo al actual gobierno. Debemos recordar que lo cerrada de las votaciones habla que hay elementos aún para declarar que la batalla no está perdida. Lo que sí está sucediendo frente a los ojos de la opinión pública es el riesgo de verlas hincadas ante las presiones ante cualquier tema que el Gobierno turne hacia allá, justo como la Cámara de Diputados es en este momento.
Todos los mexicanos debemos exhortar a los ministros y magistrados a recordar que su deber es con la Constitución, la que les otorga la última palabra. Su labor no gira entorno a la política.
