(Culiacán, Sinaloa 31 Octubre 2020) .- Ismael “El Mayo” Zambada siempre ha sido una sombra, uno de los capos del cártel de Sinaloa al que las autoridades federales le han pisado los talones, pero no han logrado detener. Sin “El Chapo” Guzmán a la vista, la DEA señala a Zambada como uno de sus principales objetivos.
Sin propiedades ni negocios a su nombre, lo más que ha logrado el gobierno federal es inmovilizar las cuentas bancarias de algunas empresas legales que su familia estableció durante los años 90 en Sinaloa, desde Establo Puerto Rico SA de CV, hasta Nueva Industria de Ganaderos SA de CV, propietaria de la Lechera Santa Mónica, actualmente desmantelada.
Ahora, desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, ordenó congelar las cuentas bancarias de una de sus parejas y una de sus hermanas, personas que en Sinaloa manejan un bajo perfil.
Se trata de Leticia Ortiz Hernández y de Ana María Zambada García. La primera de ellas es la madre de Serafín Zambada Ortiz, uno de los hijos menores de “El Mayo”.
Serafín fue arrestado en noviembre de 2013 en el cruce fronterizo de Nogales y en septiembre de 2018 cumplió su sentencia de 5 años, quedando en libertad. En Culiacán, su madre Leticia gustaba de acudir a restaurantes acompañado de su hijo menor, nacido en Coronado, San Diego, California.
Ana María Zambada, por su parte, es la madre de Édgar Juvanny Parra Zambada, asesinado en agosto de 2016 en Culiacán, y de Juan José Parra Zambada, capturado junto con su tío Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey Zambada, en octubre de 2008 en la Ciudad de México.
Las dos mujeres interpusieron un amparo ante los juzgados de Distrito de Culiacán con cuatro días de diferencia, ya que mientras Leticia presentó su demanda el 7 de octubre de 2019, Zambada García lo hizo el 11 de octubre.
Esta acción ocurrió a unos días del operativo de las fuerzas armadas contra Ovidio Guzmán López, el hijo de “El Chapo” Guzmán por el cual sus hermanos tomaron Culiacán de manera violenta para presionar al gobierno, fecha conocida como “el jueves negro”.
De acuerdo con el expediente 968/2019, Leticia Ortiz, tercera esposa del “Mayo”, interpuso la demanda de garantías debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera intervino sus cuentas bancarias, por lo que reclama de la justicia federal la “orden de privar provisional o definitiva la posesión y movilidad de recursos depositados en cuenta bancaria”.
Ortiz Hernández solicitó una suspensión provisional, la cual le fue negada el 11 de octubre del mismo año.
“Se niega la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en el bloqueo, inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias”.
Meses más tarde, en septiembre de 2020, de nuevo el Juez negó la “suspensión definitiva requerida”. El caso de Leticia Ortiz todavía se encuentra en curso en el Juzgado mencionado.
Ana María Zambada, maestra jubilada
El caso de Ana María Zambada, en cambio, fue radicado ante el Juez Cuarto de Distrito y también busca combatir el mismo acto reclamado, pero contrario a Leticia, los autos revelan que sus recursos están depositados en el Banco Santander.
El expediente en curso 987/2019, además agrega una queja que presentó la hermana del “Mayo” Zambada, pues en un primer momento el Juez le negó el trámite en un intento de desechar la demanda.
Resuelta bajo el numeral 209/2019 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Mazatlán, Zambada García argumentó que sus cuentas bancarias son producto de su trabajo como docente.
“En los antecedentes de la demanda, la quejosa manifestó ser maestra pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que el 2 de octubre acudió a la Institución de Crédito Banco Santander, con el objetivo de retirar, en efectivo, toda la cantidad que le es depositada mensualmente como pensión, lo cual no fue posible a pesar de contar con fondos suficientes.”
En la queja, Zambada García indicó que al acudir a Santander, se le informó:
“Que no era posible realizar operación o movimiento alguno debido que al consultar mis cuentas por parte de la persona que me estaba atendiendo, le aparecía en la pantalla que estaban inmovilizadas por un bloqueo ordenado por una autoridad federal desde la Ciudad de México a través de un oficio expedido por la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades”.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado advirtió que no se presentó como prueba dicho oficio. En el escrito Zambada García se queja de que ninguna autoridad la citó a declarar, mucho menos le entregaron un escrito de demanda.
“No hay una fundamentación y motivación”, adujo la afectada. Por este motivo, analizó el Tribunal, se le dio la razón a Ana María y el Juez Cuarto procedió a cursar el amparo.
Un año después, el caso de Zambada García continuaba ventilándose, ya que también ha pasado demoras debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.
Ovidio, un socio del Mayo, quiere recuperar sus cuentas
Pero no solamente a Leticia y Ana María se le bloquearon sus cuentas. En el Juzgado Primero de Distrito se encuentra en curso un juicio de amparo presentado por los abogados de Ovidio Limón Sánchez, quien fuera de uno de los socios importantes de “El Mayo” Zambada, y quien dentro de cinco meses más, cumplirá con su sentencia en una prisión de Estados Unidos.
Ovidio es hermano de Alfonso Limón Sánchez, uno de los reos que se fugó del Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán, el 16 de marzo de 2016, junto con Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
Arrestado en 2011 en la capital sinaloense, Ovidio fue extraditado y sentenciado a 10 años de cárcel en la Corte Federal del Distrito de Los Ángeles, California, y cumplirá su condena en marzo de 2021.
La UIF bloqueó sus cuentas bancarias bajo el acuerdo 230/2019, según el oficio 110/F/B/6312/2019, del 13 de noviembre, el cual ordena “el bloqueo y suspensión de actos y operaciones de servicios de las cuentas bancarias”.
La defensa legal presentó la demanda de amparo el 8 de enero de 2020 y al igual que los otros dos casos, permanece en trámite, sin una resolución en firme.
Las empresas de la familia Zambada
El Departamento del Tesoro comenzó a fichar las empresas relacionadas con “El Mayo” Zambada desde 2007, cuando la Oficina para el Contral de Bienes Extranjeros (OFAC) boletinó a cuatro negocios instalados en Culiacán y expuso a siete famililares directos del capo.
En la lista figuraron Vicente Zambada Niebla, su esposa Cynthia Borboa Zazueta, la esposa del “Mayo”, Rosario Niebla Cardoza y sus hijas: María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, todas de apellidos Zambada Niebla.
Aparecieron las empresas Multiservicios Jeviz Sa de Cv, Rosario Niebla Cardoza A. En P. (gasolinera), Nueva Industria de Ganaderos Sa de Cv (Lechera Santa Mónica), Establo Puerto Rico SA de CV, Jamaro Constructores Sa de Cv y la Estancia Infantil Niño Feliz S.C.
De esta lista, Lechera Santa Mónica y Establo Puerto Rico fueron intervenidos por la entonces Procuraduría General de la República. María Teresa Zambada Niebla, en calidad de representante legal, peleó desde 2010 un amparo ante un juzgado de distrito de Culiacán debido al bloqueo de las cuentas de estas dos empresas, pero perdió todos los recursos legales.
Además se le enderezó a la empresa una investigación por operaciones de recursos de procedencia ilícita. Las quejas no prosperaron y la lechera, tras un desmantelamiento gradual, fue finiquitada.
Todavía puede verse el viejo cascarón abandonado de la Lechera Santa Mónica a un costado de la carretera Culiacán-Navolato, en el Campo El Díez. Ahora sus productos pasteurizados, muy populares en los 90, están fuera del mercado del noroeste del país.
