Estado de México. — El asesinato de Fernando, un niño de apenas 5 años, a manos de una familia de prestamistas en Los Reyes La Paz ha causado profunda indignación en todo el país. La tragedia se originó por una deuda de 1,000 pesos que su madre no pudo pagar y que derivó en que sus acreedores le arrebataran al menor como “garantía”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos iniciaron el lunes 28 de julio, cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N” llegaron al domicilio de Marcelina Noemí Gómez, en la colonia Ejidal El Pino, para cobrar el dinero. Ante la imposibilidad de cubrir el monto, las mujeres se llevaron al pequeño, asegurando que lo devolverían una vez liquidada la deuda.
Según el testimonio de la madre, entre el 28 de julio y el 3 de agosto acudió en repetidas ocasiones a distintas instancias municipales para denunciar la retención de su hijo, pero no recibió atención. También intentó verlo en la vivienda donde se encontraba cautivo, pero los prestamistas no se lo permitieron.
Finalmente, el lunes 4 de agosto, Marcelina presentó la denuncia ante la FGJEM. Horas después, personal de la Fiscalía, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal acudieron al domicilio señalado, en la misma colonia Ejidal El Pino. Ahí, hallaron sin vida a Fernandito, dentro de un costal y oculto en un cuarto.
Durante el operativo fueron detenidos tres miembros de la familia prestamista: Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”. La autopsia reveló que el niño murió por golpes en la cabeza y que no recibió agua ni alimento durante el tiempo que estuvo cautivo.
El jueves 7 de agosto, los tres detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Un día después, en la primera audiencia, un juez les dictó prisión preventiva. La próxima audiencia será el lunes 11 de agosto, cuando se prevé que sean vinculados a proceso por homicidio y posibles delitos relacionados con desaparición forzada y tortura.
El caso ha desatado un amplio debate en redes sociales sobre la actuación de las autoridades locales y la impunidad frente a delitos contra menores de edad.
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